El PSOE difundió el 11 de diciembre una resolución que multa a Javier Carrera (PP) por incumplimiento judicial. El Ayuntamiento de La Bañeza respondió 24 horas después negando las acusaciones y asegurando el cumplimiento de la ley.
Un nuevo episodio en el litigio judicial entre el Ayuntamiento de La Bañeza y el Grupo Municipal Socialista ha desatado un tenso cruce de acusaciones entre ambas formaciones. El eje del conflicto es una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León que sancionaba al alcalde, Javier Carrera de Blas, por el presunto incumplimiento de una orden judicial previa.
La noticia se desarrolló en un plazo de 24 horas, con la difusión de las posturas de los dos partidos principales.
La Denuncia del PSOE
El jueves 11 de diciembre, el PSOE de La Bañeza hizo pública una nota de prensa informando sobre la nueva resolución del Juzgado, que imponía medidas coercitivas contra el regidor.
Según los socialistas, la resolución sanciona al alcalde con una multa coercitiva mensual de 300 euros, la cual debe ser abonada de su "propio bolsillo". Esta multa se mantendría hasta que se acredite el "cumplimiento íntegro" de un Auto judicial anterior, dictado el 9 de octubre de 2025, que ordenaba el cese de la aplicación de un acuerdo plenario del 14 de julio de 2023 y el inicio de los trámites para el reintegro de cantidades presuntamente abonadas de forma indebida.
La formación de la oposición elevó el tono de la acusación al señalar que el Juzgado también había acordado "remitir el caso al Ministerio Fiscal ante la posible existencia de un delito de desobediencia a la autoridad judicial o de cualquier otra responsabilidad penal". Además, la resolución requería al secretario general y al interventor municipal para la ejecución de la orden, advirtiendo de posibles sanciones.
El PSOE concluyó que esta situación demuestra una "absoluta falta de respeto institucional" por parte del equipo de Gobierno.
La Respuesta del Equipo de Gobierno
El viernes 12 de diciembre, el Ayuntamiento de La Bañeza, liderado por el Partido Popular, emitió su propia nota de prensa para "trasladar a la ciudadanía" su postura, negando las afirmaciones del PSOE y de su portavoz, Rodolfo Sánchez.
El Consistorio negó el incumplimiento de la legalidad, subrayando que siempre se ha actuado con "pleno respeto a las decisiones judiciales" y dentro del procedimiento legal en curso. El equipo de Gobierno insistió en que las medidas adoptadas son de carácter provisional y responden estrictamente a lo ordenado por el Juzgado.
Para justificar su actuación, el Ayuntamiento detalló que:
"El 4 de noviembre se dictó un decreto firmado por el alcalde, Javier Carrera, en el que se atiende lo establecido provisionalmente por el juzgado. Dicho decreto fue remitido formalmente al órgano judicial el día 5 de noviembre mediante el correspondiente oficio."
El comunicado concluyó lamentando que la oposición utilice las notas de prensa para crear una "imagen distorsionada de los hechos" y para trasladar al ámbito político un asunto que consideran de naturaleza "estrictamente judicial".
El proceso judicial sigue abierto y se espera que la autoridad judicial tome las resoluciones definitivas una vez que el proceso concluya.
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