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CCOO y UGT denuncian el "bloqueo" de Azucarera a nuevos proyectos en La Bañeza tras beneficiarse de ayudas públicas

Redacción Jueves, 08 de Enero de 2026 Tiempo de lectura:

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, han mostrado su profundo malestar ante la actitud de Azucarera en el marco de la Fundación Anclaje. Según declaraciones recogidas por Europa Press, ambos líderes sindicales acusan a la multinacional de no ofrecer respuestas ni facilitar la llegada de proyectos industriales que den una segunda vida a las instalaciones cerradas en La Bañeza.

 

La Deuda de Azucarera con lo Público

El responsable de UGT, Óscar Lobo, puso el foco en la responsabilidad ética de la empresa. Lobo criticó que una compañía que ha recibido cuantiosas subvenciones públicas no solo no busque alternativas, sino que ponga trabas a la reindustrialización. "La empresa lo único que hace es pedir tiempo", advirtió Lobo, señalando que el tiempo es, precisamente, el recurso más escaso para la comarca leonesa.

 

Para el líder de UGT, existe la obligación moral de que Azucarera "devuelva" el apoyo institucional recibido favoreciendo la entrada de otra firma en sus terrenos. Además, mostró su temor a que esta crisis de falta de compromiso se traslade a otras plantas, como la de Toro (Zamora), poniendo en riesgo el potencial agroalimentario del medio rural de la Comunidad.

 

Un "Mazazo" para la Provincia de León

Por su parte, la secretaria general de CCOO, Ana Fernández de los Muros, defendió el papel que está realizando la Fundación Anclaje y la implicación de la Junta de Castilla y León, pero lamentó la "dificultad de entendimiento" con la multinacional. Fernández de los Muros denunció que, aunque Azucarera acude a las reuniones, no pone soluciones reales sobre la mesa para el suelo que han abandonado.

 

La líder de CCOO calificó la situación en La Bañeza como un auténtico "mazazo", especialmente tras el duro año 2025 que ha vivido la provincia de León en materia laboral. Ambos sindicatos coinciden en que es urgente anticiparse a posibles crisis en el sector agroalimentario para evitar que el desmantelamiento industrial en el medio rural siga avanzando sin que las empresas responsables faciliten una transición justa.

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