La sede de la Confederación Hidrográfica del Duero amanece tomada por regantes leoneses y zamoranos que denuncian un sobrecoste energético del 173% en el bombeo de Villalobar.
La tensión entre el sector agrario y la administración hidráulica ha alcanzado su punto crítico este lunes. Representantes de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo han iniciado una medida de presión extrema con el encierro en las dependencias de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en Valladolid. El motivo: una modificación en los criterios de facturación eléctrica que amenaza con dinamitar la rentabilidad de miles de explotaciones en nuestra comarca y zonas limítrofes.
El "blindaje" de 1995 en el punto de mira
El conflicto no es puramente económico, sino de seguridad jurídica. El modelo de regadío del Páramo Bajo se cimentó sobre un pacto estratégico alcanzado hace tres décadas. En aquel momento, la administración central se comprometió a que los costes derivados del bombeo de agua desde el río Esla —necesarios tras descartarse el proyecto del embalse de las Omañas— serían compensados mediante la explotación del salto hidroeléctrico de Sahechores.
Esta "tarifa cero" o compensada fue la piedra angular que permitió la transformación de 24.000 hectáreas de secano en regadíos modernos. Sin embargo, la actual dirección del organismo de cuenca sostiene que dicha excepcionalidad no encaja en el marco normativo vigente, una interpretación que ha disparado los recibos de los agricultores hasta un 173%, poniendo en riesgo las inversiones millonarias realizadas por los jóvenes que apostaron por quedarse en el medio rural.
Una movilización masiva desde el sur de León
La protesta no se limita al encierro en los despachos. Cerca de 300 agricultores se han desplazado en una flota de autobuses para respaldar la acción desde la calle, exigiendo una interlocución directa con la presidencia del organismo. El malestar es unánime entre las organizaciones profesionales agrarias, que ven en esta decisión unilateral un precedente peligroso para otros regadíos de la provincia.
La gestión de la estación de bombeo de Villalobar es el epicentro de la polémica. Los regantes denuncian que se les pretende repercutir una factura energética inflada por una gestión de la que no son responsables, rompiendo un equilibrio financiero que ha funcionado con éxito durante casi 30 años.
Incertidumbre y resistencia
A pesar de la ausencia inicial de la máxima responsable de la CHD en la sede, los manifestantes han mostrado su determinación de no abandonar el edificio hasta obtener un compromiso firme de negociación. El sector advierte de que, de mantenerse estas tarifas, la viabilidad de los cultivos de la próxima campaña queda seriamente comprometida, lo que supondría un golpe letal para la economía de los pueblos del Páramo.
La situación permanece estancada a la espera de que se abra una vía de diálogo que permita recuperar el espíritu del acuerdo de 1995 y garantice que el agua siga siendo un motor de vida, y no un lastre económico, para nuestra tierra.
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