La CHD admite que el "coste cero" para el Páramo Bajo es factible bajo un nuevo marco legal

Tras las intensas jornadas de protesta y el encierro en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), el conflicto del Páramo Bajo entra en una fase de resolución técnica. La reunión mantenida este miércoles entre la presidenta del organismo, María Jesús Lafuente, y el representante de los regantes, Herminio Medina, ha arrojado un diagnóstico esperanzador: alcanzar el coste energético cero para el bombeo es posible, aunque requiere de una arquitectura jurídica sólida que hasta ahora era inexistente.

El "pecado original" de 1993: Voluntad sin rango de ley

El eje del problema reside en que el compromiso adquirido hace tres décadas para compensar la no construcción de la presa de Omaña carece de la cobertura legal necesaria en la actualidad. Lafuente reconoció que, aunque aquel acuerdo permitió la constitución y modernización de la comunidad, se basó en fórmulas como el "sifón energético imaginario" —compensar el consumo de Villalobar con la producción de Sahechores— que hoy presentan discrepancias debido a la volatilidad de los precios eléctricos.

Para corregir esta situación, la CHD ha puesto sobre la mesa un abanico de siete soluciones que buscan blindar el acuerdo "para siempre", independientemente de quién ocupe la presidencia del organismo.

Las siete vías para el futuro del regadío

Entre las propuestas destacadas para reducir la factura eléctrica, que en algunos casos podría alcanzar una bonificación del 53% de forma inmediata antes de llegar al objetivo final, se encuentran:

• Hibridación fotovoltaica: Instalación de un parque solar en la estación de bombeo de Villalobar.

• Contratación bilateral: Acuerdos directos de suministro energético para evitar intermediarios y precios de mercado abierto.

• Sifón físico: La posibilidad de conectar físicamente la central de Sahechores con Villalobar para cumplir estrictamente la Ley de Contratos.

• Energía reservada: Aprovechar la potencia de saltos de agua propiedad de la CHD gestionados actualmente por empresas como Iberdrola o Naturgy.

Un sector que se juega su patrimonio

Pese al tono de "cordialidad y entendimiento" del encuentro, el presidente de la Comunidad de Regantes, Herminio Medina, fue tajante sobre la urgencia de estas medidas. La comunidad arrastra una deuda de 60 millones de euros, a los que se suman otros 200 millones invertidos por los agricultores a título particular para modernizar sus fincas.

"No es que nos arruinemos, es que perdemos el patrimonio entero", advirtió Medina, subrayando que las mil familias afectadas —repartidas en 37 pueblos de León y Zamora— dependen de que este compromiso del Estado se convierta en ley. El representante recordó que los agricultores ya han cumplido su parte, logrando un ahorro de agua del 25% gracias a las nuevas tecnologías de riego.

Próximos pasos

La CHD y los regantes han establecido un calendario de reuniones periódicas para que los servicios jurídicos de ambas partes den forma legal a las propuestas. Mientras tanto, el malestar en las bases sigue latente; los regantes decidirán en asamblea si mantienen las medidas de presión, sin descartar trasladar las protestas a Madrid si los avances no se materializan con la rapidez que el campo exige.