La reivindicación de las 58 AMPAs de la provincia de León, que el próximo 27 de febrero saldrán a la calle para pedir que 1º y 2º de la ESO se impartan en los colegios de primaria, ya ha provocado las primeras reacciones políticas. Representantes del Partido Popular de León han mantenido un encuentro con los colectivos de padres para analizar la viabilidad de una medida que busca frenar la despoblación y mejorar el bienestar del alumnado de 12 y 13 años.

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El obstáculo del marco legal vigente

Durante la reunión, en la que participaron el secretario provincial, Eduardo Diego, la diputada nacional Silvia Franco y la candidata a las Cortes María José Álvarez, se puso sobre la mesa el actual marco jurídico. Según los populares, el Real Decreto 132/2010 establece de forma taxativa que los centros de educación secundaria deben impartir los cuatro cursos completos de la etapa.

En este sentido, desde la formación subrayan que la competencia para modificar esta normativa estatal recae directamente en el Gobierno de España. No obstante, la diputada Silvia Franco se ha comprometido a trasladar esta inquietud a la Vicesecretaría de Educación nacional para evaluar un posible cambio legislativo que dote de mayor flexibilidad al sistema.

La vía de la excepcionalidad en la provincia

A pesar de las limitaciones legales, el PP leonés se ha comprometido a estudiar la posibilidad de aplicar "manera excepcional" este modelo en algún centro más de la provincia, sumándose a los tres casos que ya funcionan bajo este régimen actualmente en León.

"Se evaluará si es posible replicar las excepciones ya existentes", señalaron fuentes del partido tras el encuentro, aunque insistieron en que cualquier paso debe darse con rigor técnico y respetando los requisitos de los centros de secundaria.

Una movilización que sigue en pie

Esta respuesta institucional llega apenas unos días antes de la gran movilización simultánea en León y Ponferrada. Las familias insisten en que su demanda no es solo educativa, sino una herramienta vital para la conciliación y la supervivencia de los pueblos frente a la "España vaciada".

Mientras la política analiza los tiempos legales, las AMPAs mantienen su convocatoria para el 27 de febrero, buscando que la presión social acelere los cambios necesarios para que los alumnos más jóvenes no tengan que abandonar sus colegios de referencia de forma prematura.