La Guardia Civil investiga a 4 cazadores furtivos mientras cazaban sin autorización y con silenciadores en el Parque Natural de Babia y Luna

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a 4 cazadores como presuntos autores de un supuesto delito relativo a la protección de la fauna.

Desde el 15 de julio, inicio de la veda de la especie cinegética Rebeco (Rupicapra rupicapra), la Guardia Civil viene realizando servicios dirigidos prevenir la caza furtiva de la especie. Esto es debido al gran aumento de cazadores foráneos de la región que se interesan por adquirir el trofeo de la misma.

En uno de estos servicios, el pasado jueves día 29 de julio, el SEPRONA de Villablino localiza a cuatro cazadores que fueron sorprendidos cazando en cotos distintos a los que pertenecían, concretamente los cotos de caza de Meroy y La Cueta, ambos pertenecientes a la comarca de Babia.

En la identificación se les han incautado de dos rifles de caza, cada uno de ellos provisto de un silenciador para que los disparos no fueran oídos por ganaderos y pastores, así como un visor térmico prohibido para la caza y que facilita en gran medida la búsqueda de la especie a cazar.

Los cazadores, residentes en las provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara, junto con las diligencias y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e instrucción de Villablino por un supuesto delito relativo a la protección de la Fauna y se enfrentan a varias infracciones administrativas a la Ley de Caza de Castilla y León y al Reglamento de Armas.

Conforme al Código Penal estas cuatro personas por cazar en coto ajeno se enfrentan a una pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años. En cuanto a infracciones administrativas, se enfrentan a infracciones graves y muy graves a la Ley de Caza de Castilla y León que van desde los 390,40 euros a los 3.903,87 euros para las graves y desde los 3.903,88 a los 78.077,48 euros para las muy graves, así como infracciones al Real Decreto que regula el Reglamento de Armas.