Se registra una iniciativa para que se investiguen los abusos a menores en la Iglesia

Uno de los casos más sonados ha sido el denunciado por Infancia Robada y siendo Emiliano Álvarez, víctima de abusos por su paso como alumno en el seminario de La Bañeza, uno de los que ha alzado la voz para que se haga justicia y se aclaren estos abusos.

Recordamos que la iglesia condenaba al clérigo Ángel Sánchez Cao, a quien atribuía el afectado, Emiliano Álvarez en el caso de La Bañeza, ser este sacerdote el que abusaba de él en el centro católico de la ciudad bañezana, y que desde la Diócesis de Astorga sentenciaban de "forma simbólica" prohibiéndole ejercer cargos que impliquen el contacto esporádico o habitual con menores de 18 años hasta el cumplimiento de los 80 años, así como la revocación, por el mismo tiempo de la facultad de oír habitualmente confesiones. Una sentencia que según la Asociación Infancia Robada no es suficiente ante el daño causado a sus víctimas y que así reflejaba el propio Emiliano en el plató de televisión del mediático programa 'Todo es Verdad', dirigido por Risto Mejide, donde volvía a contar el "infierno vivido en este seminario".

Ahora desde el Gobierno de España el portavoz del Grupo Parlamentario, Héctor Gómez, y la ex vicepresidenta del Gobierno y la diputada por Madrid, Carmen Calvo, han registrado una Proposición no de ley para que sea el Defensor del Pueblo quien investigue los abusos cometidos por algunos miembros de la Iglesia Católica sobre menores. Una propuesta que desde el Gobierno socialista ven como un paso más “para averiguar la verdad, oír a las víctimas, repararlas, hacer justica y prevenir para que no ocurra más”, según han resaltado ambos parlamentarios.

El portavoz socialista ha explicado que la iniciativa persigue "iniciar un trabajo que concluya con un informe del Defensor del Pueblo realizado por una Comisión de expertos, creada ‘ad hoc’, que incluirá tanto a representantes de la administración, como expertos en otros campos y representantes de la Iglesia católica".

“Creemos que esta es la mejor vía porque nuestra prioridad es proteger a las víctimas y, aunque muchos han trasladado públicamente sus experiencias, hay otras personas que prefieren mantenerse en el anonimato”, ha resaltado Gómez, quien considera que lo que se persigue es “hacer un trabajo minucioso, profundo y detallado sobre lo que ha sucedido” y por ello quieren contar con el apoyo del resto de grupos de la Cámara para “desde la discreción, actuar con contundencia y firmeza”.

Por su parte, Calvo ha considerado que el su grupo político quiere “afrontar de la manera más rigurosa posible, pero también empática y justa con las víctimas, un asunto al que nuestro país no puede dar más largas y que ya ha tenido respuesta en otros países”.

“Las víctimas no sólo han tenido que vivir una experiencia horrible, sino el silencio y la falta de ayuda; y para ello tenemos que hacer reparación y justicia, y hacerlo todos juntos de la mano porque estamos hablando de delitos delicadísimos a niños”, ha insistido Calvo.

Así, el Defensor del Pueblo emitirá un informe “riguroso” que se elevará al Gobierno y “a los grupos parlamentarios -según Calvo- nos debe mover sólo la empatía con las víctimas, lanzando así un mensaje a la sociedad de que la infancia debe ser protegida”.

Por ello, Calvo ha pedido que la Iglesia católica entienda que tiene que “hacer su trabajo” y pide su cooperación, como así ha ocurrido ya en otros países como Francia. “No podemos fallarle a las víctimas, todo lo demás es secundario y nuestro país se juega un papel de dignidad”, ha subrayado.