
Los regantes del Sindicato Central de Barrios de Luna han remitido un comunicado en el que hacen un llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que aclare la controversia que ha surgido en torno a las balsas del Órbigo. En enero de 2023, se publicó la licitación del proyecto de construcción de presas sobre los arroyos de La Rial y Los Morales para suministrar agua al Páramo Bajo, que actualmente depende del Embalse de Riaño. El pasado 31 de marzo, se anunció un nuevo pliego de condiciones técnicas para la licitación de un estudio de alternativas de regulación adicional de la cuenca del río Órbigo y sus afluentes en la provincia de León.
El problema radica en que, durante todo este proceso, el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Duero han permitido que se agrande la confusión, sin aclarar públicamente el error que aparece en el pliego de prescripciones técnicas, ni aclarar cuál es el destino real del agua que se almacene en las balsas del Órbigo o de cualquiera otra alternativa que se plantee. Para arrojar un poco de luz sobre este asunto, el comunicado realiza un breve repaso cronológico de todo lo acontecido desde que se desestimó la construcción del Embalse de Omaña y que nos ha llevado al punto actual en el que nos encontramos.
En los años 70 del siglo pasado, se cerró la superficie de riego del Embalse de los Barrios de Luna, destinado a satisfacer una superficie de 45.000 hectáreas, a la que habría que añadir abastecimientos, usos industriales y caudales medioambientales. En 1993 se desestimó la construcción del Embalse de Omaña por la Declaración de Impacto Ambiental Negativa, y en 1995 se publicó el anteproyecto de “Acondicionamiento del Canal del Páramo y Balsas de Regulación” para incorporar al Sistema Órbigo 6.000 hectáreas segregadas del Páramo Bajo. La Confederación Hidrográfica del Duero sacó adelante el proyecto, integrándose dicha superficie en la zona regable dependiente del Embalse de Los Barrios de Luna a partir del Año Hidrológico 2001-2002.
En los años posteriores, se han ido sumando abastecimientos, usos industriales y el aumento de los caudales medioambientales, lo que ha llevado a que se reparta agua en la actualidad por una superficie de 53.000 hectáreas, 8.000 más de las previstas inicialmente, todo ello fruto de decisiones políticas sin tener en cuenta criterios técnicos. Ante esta situación, en 2001 el Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna aprobó solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Duero que se den los pasos oportunos encaminados al incremento de regulación del Sistema Órbigo y sus afluentes.
Finalmente, en enero de 2023 se publicó la licitación del proyecto de construcción de presas sobre los arroyos de La Rial y Los Morales para suministrar agua al Páramo Bajo, que actualmente depende del Embalse de Riaño. Sin embargo, el pasado 31 de marzo se anunció un nuevo pliego de condiciones técnicas para la licitación de un estudio de alternativas de regulación adicional de la cuenca del río Órbigo y sus afluentes en la provincia de León, lo que ha generado confusión y preocupación entre los regantes del Sindicato Central de Barrios de Luna.
En el comunicado, los regantes hacen un llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que aclare la controversia y especifique cuál es el destino real del agua que se almacene en las balsas del Órbigo o de cualquier otra alternativa que se plantee. Además, se destaca que las decisiones políticas han llevado a que se reparta agua en la actualidad por una superficie de 53.000 hectáreas, 8.000 más de las previstas inicialmente, sin tener en cuenta criterios técnicos.
En resumen, los regantes del Sindicato Central de Barrios de Luna están preocupados por la falta de claridad en torno a las balsas del Órbigo y la licitación de nuevas presas en la zona, y hacen un llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que aclare la situación y especifique cuál es el destino real del agua que se almacene. También se destaca que las decisiones políticas han llevado a una distribución de agua por una superficie mayor a la prevista inicialmente, sin tener en cuenta criterios técnicos.
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