Más de 650 alegaciones rechazan la planta embotelladora en Quintana y Congosto

Ecologistas en Acción, diversas asociaciones y vecinos de las localidades afectadas han presentado un total de 650 alegaciones ante la Junta de Castilla y León, expresando su firme oposición al proyecto de una planta embotelladora en Quintanilla de Flórez, perteneciente al municipio de Quintana y Congosto.

El conglomerado empresarial liderado por el grupo Pascual, conocido por la marca Bezoya, ha generado inquietud entre los residentes del valle del Jamuz. La solicitud de autorización para el aprovechamiento de un millón de metros cúbicos de agua anuales ha sido cuestionada por su potencial impacto en los recursos hídricos locales y su posible afectación a la propiedad privada de los terrenos vinculados a la concesión.

La Dirección General de Minas ha dado luz verde a esta solicitud, respaldada por un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero. Este informe establece que la primera fase del proyecto, que contempla un uso de 500,000 metros cúbicos anuales, es compatible con el Plan Hidrológico. Sin embargo, esta compatibilidad está condicionada a controles trimestrales sobre los caudales y la presión de los pozos artesianos que abastecen a Quintanilla de Flórez.

Ante las preocupaciones sobre la afectación al suministro de agua a las poblaciones locales, el principio de precaución sugiere realizar las verificaciones necesarias antes de continuar con la tramitación, especialmente dadas las circunstancias actuales en las que el aprovechamiento podría no ser compatible con el Plan Hidrológico vigente.

Un aspecto adicional de preocupación es la concesión de derechos exclusivos al promotor sobre los terrenos afectados, incluyendo áreas públicas, privadas y el núcleo urbano de Quintanilla de Flórez. Esto implica la imposición de un perímetro de protección de más de 2,000 hectáreas, donde se prohíben actividades que podrían afectar el normal aprovechamiento de las aguas asignadas.

Estas restricciones y prohibiciones son consideradas por algunos como una intromisión en los derechos de propiedad privada y la libre disposición de los propietarios, conforme a la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Cabe destacar que el negocio del agua embotellada, que se basa en la explotación de un recurso público y escaso, ha generado críticas debido a sus condiciones ventajosas de concesión y su impacto medioambiental significativo al contribuir a la generación masiva de envases de plástico de un solo uso.

Ecologistas en Acción de León reitera su firme oposición a este proyecto, destacando su impacto potencial en los recursos hídricos de la zona, agravado por las condiciones cambiantes del clima, y la considera una interferencia inadmisible en los derechos de propiedad privada de sus legítimos dueños.