
Los eurodiputados socialistas Iratxe García y César Luena han instado a la Comisión Europea a tomar medidas urgentes para salvaguardar el acuífero en Quintanilla de Flórez (León), amenazado por un proyecto de embotelladora de agua mineral promovido por la empresa Bezoya. En una pregunta escrita dirigida al ejecutivo comunitario, los representantes han señalado la falta de rigor en los informes que respaldan esta iniciativa, así como la obsolescencia de las normativas en las que se ampara.
Críticas a la base legal y científica del proyecto
El proyecto, que busca instalar una planta de embotellado con fines comerciales, se apoya en un informe calificado de "ambiguo" por los eurodiputados, al no seguir criterios históricos de análisis del nivel del acuífero. Según explican, este documento carece de fundamentos sólidos para justificar la sostenibilidad de la explotación.
Además, han señalado que la iniciativa se ampara en la Ley de Aguas de 1973, una normativa que consideran desactualizada por tratar el agua como un recurso minero, sin tener en cuenta factores actuales como el cambio climático, la degradación de los acuíferos o la mercantilización del agua.
Propuestas de actuación ante la Comisión Europea
Ante esta situación, los eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea que emita un informe actualizado sobre el estado del acuífero, basado en criterios históricos y en mediciones científicas rigurosas. Asimismo, piden la suspensión de cualquier explotación comercial hasta que se garantice la recuperación del nivel freático del acuífero.
Entre las propuestas planteadas, destaca la necesidad de reformas legislativas a nivel europeo. Estas incluirían la obligación de realizar estudios a largo plazo sobre la evolución de las masas de agua, así como la aplicación de condicionantes estrictos que permitan detener las extracciones si los niveles descienden a valores críticos.
Impacto ambiental y social
La explotación de este recurso natural ha suscitado preocupación tanto a nivel local como en el ámbito europeo. Diversos colectivos han alertado sobre las posibles repercusiones ambientales y sociales, subrayando que la extracción intensiva podría afectar a otros usos del agua en la zona y al equilibrio de los ecosistemas.
La Comisión Europea aún no se ha pronunciado al respecto, pero la intervención de los eurodiputados pone de manifiesto la creciente preocupación por la gestión sostenible de los recursos hídricos en un contexto marcado por la crisis climática.
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