
El Grupo Municipal Socialista de La Bañeza, en un comunicado, ha manifestado su firme rechazo al aumento salarial aprobado por el equipo de gobierno liderado por el Partido Popular, calificándolo como una decisión "desproporcionada e innecesaria". Esta medida, que incrementa de manera significativa las retribuciones del alcalde y varios concejales, ha generado un amplio rechazo por parte de los grupos de la oposición, que ya han iniciado acciones para revertir la decisión.
Según los datos proporcionados en este comunicado, el alcalde verá incrementado su salario de los 39.320 euros brutos establecidos en julio de 2023 a 46.464 euros en noviembre de 2024. Por su parte, otros cinco concejales del equipo de gobierno pasarán de los 27.000 euros iniciales a 38.322 euros. Esto supondrá un coste anual total de 317.000 euros destinado exclusivamente a salarios, una cifra que el portavoz socialista, Rodolfo Sánchez, ha calificado de "excesiva e injustificada, especialmente en un municipio con recursos limitados".
Acciones legales y oposición conjunta
La oposición, integrada por el PSOE y el Grupo Mixto (que incluye representantes de UPL, Ciudadanos y un concejal no adscrito), presentó un recurso de reposición contra la medida, que fue desestimado. No obstante, los socialistas han advertido que explorarán la vía judicial si es necesario para frenar lo que consideran "un abuso de las arcas municipales".
Además, el PSOE ha señalado que el aumento salarial aprobado en noviembre de 2024 sigue a un revés judicial previo, cuando los tribunales anularon un acuerdo plenario de julio de 2023 relacionado con retribuciones. Esta circunstancia, según Sánchez, evidencia una "gestión cuestionable y falta de sensibilidad" por parte del actual equipo de gobierno.
Denuncia de pagos retroactivos
Otro punto de conflicto ha sido la aprobación de decretos que actualizan pagos retroactivos correspondientes a años anteriores, incluidos 2.659,85 euros para el alcalde y 1.628,69 euros para una concejala. El PSOE y el Grupo Mixto consideran que estos pagos "no son ajustados a derecho" y han interpuesto un recurso de reposición sobre este asunto.
Contexto político y social
La polémica surge en un contexto de tensión entre el equipo de gobierno del PP, respaldado por Vox, y el resto de los grupos políticos en el Ayuntamiento. La oposición acusa al ejecutivo local de priorizar intereses personales sobre las necesidades del municipio.
Desde el equipo de gobierno no se han emitido declaraciones oficiales en respuesta a estas acusaciones, mientras la oposición asegura que continuará trabajando por revertir estas decisiones, buscando mayor transparencia y equilibrio en la gestión municipal.
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