
El Gobierno de Cantabria ha confirmado que no abrirá un expediente sancionador para reclamar los costes del rescate de Senén Turienzo, el joven montañero bañezano de 23 años que fue localizado y rescatado con vida el pasado 27 de diciembre en Picos de Europa, tras cuatro días desaparecido. La decisión se fundamenta en la ausencia de motivos que justifiquen una medida de este tipo, según las autoridades cántabras.
Desde el Ejecutivo regional se subraya que el cobro de tasas por rescates en Cantabria es una práctica muy excepcional. "Nuestra misión principal es salvar vidas y movilizar todos los recursos necesarios, dejando el interés recaudatorio en un segundo plano", han señalado fuentes oficiales.
Rescate sin precedentes en la cordillera
El operativo de búsqueda y rescate movilizó a efectivos de diferentes cuerpos, incluidos los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Asturias y Cantabria, junto con servicios de emergencias de ambas comunidades. Los trabajos se desarrollaron por tierra y aire, con el apoyo de drones y helicópteros.
El dispositivo fue coordinado desde el puesto de mando avanzado en Sotres, Asturias. La búsqueda se centró en una ruta que el propio montañero había comunicado previamente a su hermano, desde el Casetón de Andara (Cantabria) hacia el Jou de los Boches, donde finalmente fue localizado por una aeronave. Tras ser rescatado, fue trasladado en un helicóptero medicalizado.
Diferencias en la gestión entre Cantabria y Asturias
Mientras Cantabria descarta cualquier expediente relacionado con el rescate, el Principado de Asturias mantiene abierta la posibilidad de estudiar el caso. Desde el Principado se consideran un trámite habitual evaluar cada situación para determinar si existen elementos que puedan derivar en un expediente sancionador, aunque hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión definitiva.
Este tipo de rescates en entornos de alta montaña, aunque complejos y costosos, ponen de manifiesto la importancia de contar con protocolos de actuación eficientes y coordinados entre comunidades autónomas, priorizando siempre la integridad y seguridad de las personas involucradas.
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