
En el marco de la denominada reforma del siglo XXI de la Administración de Justicia, Comisiones Obreras (CCOO) ha expresado su fuerte rechazo a la decisión del ministro Bolaños de excluir la especialización obligatoria en violencia sobre las mujeres y otros delitos sexuales, tal como se recoge en su comunicado oficial.
La medida afecta a los Tribunales de Instancia que sustituirán a los actuales juzgados especializados en violencia sobre las mujeres en todo el Estado. Según CCOO, en aquellos partidos judiciales –como los de Astorga, La Bañeza, Cisterna, Sahagún y Villablino–, la función que hasta ahora recaía en un único juzgado especializado quedará diluida en un Servicio Común de Tramitación, en el que la atención de estos casos se convertirá en un asunto más entre los múltiples pleitos civiles y penales.
El sindicato advierte que, de mantenerse esta política, decenas de funcionarias y funcionarios se verán obligados a gestionar los casos de violencia sin recibir la formación especializada en perspectiva y violencia de género, conforme exige el Pacto de Estado y las sucesivas medidas aprobadas en el Parlamento. Asimismo, alerta de que esta situación podría deteriorar la calidad en la atención a las víctimas, al tiempo que se desatiende la exigencia de contar con oficinas de atención a la víctima, cuya implementación se remonta a hace más de un año y aún espera dotación de personal.
El comunicado también rememora que, hace quince años, los recortes presupuestarios eliminaron el complemento retributivo que se aplicaba en estos juzgados, y a diferencia de otros ámbitos transferidos, en el sector de la Justicia se sigue sin negociar unas condiciones laborales y retributivas acordes con la responsabilidad y la especialización requerida en estos casos.
CCOO exige al Ministerio de Justicia una apuesta decidida por la especialización en materia de violencia sobre la mujer, lo que implicaría la creación de puestos diferenciados y exclusivos para el tratamiento de estos asuntos en las negociaciones de cara a la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia. La medida, de no rectificarse, podría afectar tanto a la atención a las víctimas como a las condiciones laborales de los trabajadores, que ya afrontan largas jornadas en dependencias muchas veces no acondicionadas para garantizar la intimidad y seguridad de las personas afectadas.
Con la implantación prevista para el próximo 1 de julio, el comunicado de CCOO subraya la urgencia de rectificar esta situación y garantizar que la especialización en violencia sobre las mujeres no se pierda en el proceso de modernización de la Justicia, un proceso que, según el sindicato, no debe comprometer la calidad y la atención integral que requieren las víctimas de esta lacra social.
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