La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León ha anunciado que los agricultores con contratos agroambientales de remolacha pueden optar por no sembrar en la campaña 2025 sin incurrir en penalizaciones. Esta decisión responde a las ofertas de compra actuales, que, según las organizaciones agrarias, no cubren los costes de producción.
María González Corral, consejera de Agricultura, ha expresado su compromiso con los remolacheros afectados, destacando que la Junta publicará en los próximos días una nota aclaratoria dirigida a los agricultores que suscribieron contratos de cinco años en 2023. La nota explicará que la no siembra en 2025 no implicará sanciones ni afectará las ayudas agroambientales.
Organizaciones como ASAJA han criticado las ofertas de la empresa Azucarera, que ofrecen precios por debajo de los costes de producción, estimados entre 36 y 37 euros por tonelada. Estas ofertas, que rondan los 32 euros sin incluir ayudas, han generado preocupación entre los agricultores. Donaciano Dujo, presidente de ASAJA, ha instado a la Dirección de la Cadena Alimentaria a supervisar los contratos del sector remolachero, especialmente los de Azucarera, para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena.
Además, la Consejería y las organizaciones agrarias han acordado solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que modifique el borrador de Real Decreto sobre ayudas por sequía de 2024. Argumentan que ciertas zonas de Castilla y León, afectadas por la sequía, no están incluidas en el decreto actual, lo que genera desigualdades entre territorios.
En el ámbito de la Política Agraria Común (PAC) post-2027, la Junta ha constituido un grupo de trabajo con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) para definir la posición de Castilla y León en las próximas negociaciones. El objetivo es abordar conjuntamente temas clave como la defensa de los agricultores y ganaderos profesionales, la incorporación de jóvenes y la modernización del regadío.
María González Corral ha enfatizado la importancia de que los agricultores y ganaderos de la región expresen claramente sus necesidades y expectativas para el futuro de la PAC, asegurando que sus voces sean escuchadas en las negociaciones a nivel europeo.
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