UPL exige a la Junta de Castilla y León y al Gobierno medidas urgentes para salvar empleos en la Azucarera

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha alzado la voz para exigir medidas "rápidas y eficaces" tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno de España, con el objetivo de frenar la destrucción de empleos en el sector azucarero tras el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de AB Foods. La formación leonesista, preocupada por el futuro de la planta de La Bañeza, ha anunciado que presentará una pregunta en las Cortes de Castilla y León para conocer las acciones del ejecutivo autonómico ante esta crítica situación.

"Desde UPL llevamos tiempo advirtiendo de la situación crítica que sufre el sector remolachero en la Región Leonesa", declaró Alicia Gallego, alcaldesa de Santa María del Páramo, procuradora en las Cortes de Castilla y León y próxima secretaria general de UPL. Gallego enfatizó la necesidad de que la Consejería de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "se pongan manos a la obra" para evitar un impacto devastador en el medio rural.

El anuncio del ERE afecta a varias plantas de Azucarera en España, y en la Región Leonesa, tres de las cuatro fábricas implicadas se encuentran en La Bañeza (León), Benavente (Zamora) y Toro (Zamora). La fábrica de La Bañeza, que inició su primera molienda en 1931, emplea directamente a 100 personas durante todo el año y a más de 60 durante la campaña, además de generar trabajo para "más de 1.000 personas de forma directa o indirecta", lo que la convierte en un "sector estratégico y básico para la economía de la Región Leonesa", según UPL.

Alicia Gallego subrayó la importancia de la agricultura en la zona de La Bañeza y el Páramo, donde las familias aún dependen en gran medida del campo. "Es necesario salvar el empleo, apostar por unas ayudas ahora con el tema de la azucarera y sobre todo para La Bañeza, donde ha sido siempre un referente industrial", afirmó. UPL instará tanto al consejero de Agricultura de la Junta como al propio Estado a implicarse activamente en la búsqueda de soluciones.