
La Guardia Civil del Puesto Principal de La Bañeza, en la Comandancia de León, ha detenido el pasado 29 de octubre en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) a un varón de 56 años. Se le imputan supuestos delitos de Estafa a la Administración Pública, Falsedad Documental y Usurpación del Estado Civil.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de un vecino de La Bañeza, un varón de 70 años, que alertó a las autoridades al recibir una notificación de la Agencia Tributaria. Dicha notificación le reclamaba la inclusión en su declaración de IRPF de 2024 de una subvención por valor de casi 77.000 euros, otorgada para trabajos de prevención de daños a los bosques con fondos europeos (FEADER) de la Junta de Castilla y León. La víctima negó rotundamente haber solicitado jamás dicha ayuda.
Fraude a Partir de una Fotografía del DNI
Las pesquisas desarrolladas por el Área de Investigación de La Bañeza determinaron que el fraude se desencadenó a partir de una fotografía del DNI de la víctima, enviada previamente por WhatsApp. Esta imagen fue utilizada para tramitar fraudulentamente la subvención y, además, para crear un Acuerdo de Constitución de una Agrupación de titulares forestales, donde se utilizaron datos y firmas falsificadas, incluyendo incluso la rúbrica de personas fallecidas en 2009.
El detenido también habría tramitado documentos y cesiones de cobros de manera telemática y sin autorización, falsificando las firmas necesarias para que la Junta de Castilla y León otorgara la ayuda.
Bloqueo de la Subvención tras Ingresar 29.000 Euros
Se ha comprobado que el presunto autor de la estafa había logrado percibir ingresos que ascienden a más de 29.000 euros en su cuenta. Asimismo, constaba que había tramitado más documentación con la intención de cobrar nuevas anualidades de la subvención.
Las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Se dio cuenta de las actuaciones al Juzgado de Guardia de La Bañeza, por ser el partido judicial donde ocurrieron los hechos. Tras la comunicación con la Guardia Civil, la Junta de Castilla y León procedió a la paralización inmediata de la subvención, evitando un mayor perjuicio a la Administración Pública.













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