
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha elevado la batalla contra el peaje de la AP-66 (Huerna) del ámbito político al judicial. La formación leonesista registró este lunes una solicitud ante la Fiscalía de León para que esta promueva una acción colectiva de cesación o inicie diligencias informativas en defensa del interés general de los usuarios de la autopista.
La acción de UPL, que también será presentada de forma coordinada en la Fiscalía de Asturias por la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna ¡No! y el exdiputado Daniel Ripa, se basa en una reciente y determinante Sentencia del Tribunal Supremo (nº 1441/2025).
Sentencia Clave del Tribunal Supremo
El fundamento legal de la solicitud de UPL es la doctrina establecida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, en su Sentencia del 17 de octubre de 2025, declaró abusiva la práctica de cobrar íntegramente el peaje en autopistas concesionadas cuando el servicio no se presta en condiciones satisfactorias de fluidez o seguridad.
Crucialmente, la sentencia exige que, ante estas incidencias, los usuarios deben ser informados previamente de las incidencias que afectan al tráfico y a los tiempos de recorrido. Esta resolución se dictó inicialmente contra la concesionaria Audasa (Autopistas del Atlántico), obligándola a cesar en esta práctica abusiva y a reembolsar el importe del peaje a los usuarios afectados.
Las Irregularidades en la AP-66
Desde UPL señalan que la situación actual de la AP-66, cuya concesión está en manos de Aucalsa, se encuentra en "clara analogía" con los supuestos resueltos por el Alto Tribunal.
Actualmente, la autopista sufre graves deficiencias debido a:
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Obras de Adecuación: Numerosas obras en los túneles para cumplir con la normativa europea.
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Argayo o Derrumbamiento: Un desprendimiento de rocas que ha provocado cortes, ralentizaciones y paradas prolongadas del tráfico.
 
A pesar de estas incidencias, UPL subraya que la concesionaria continúa cobrando la tarifa completa "como si el servicio se prestase sin contratiempo alguno". Además, los usuarios no reciben información suficiente y actualizada sobre las retenciones u obras en curso al momento de realizar el pago (tanto en cabina como mediante telepeaje), impidiendo una decisión informada sobre la utilización de la vía de peaje.
Solicitud de Transparencia y Reintegro
Por todo ello, la formación leonesista solicita a la Fiscalía de León que:
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Requiera al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que verifique el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo.
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Exija a Aucalsa el reintegro total o parcial del importe de los peajes abonados por los usuarios que hayan sufrido retrasos significativos o deficiencias del servicio sin haber sido informados previamente.
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Promueva la adopción de medidas inmediatas de transparencia e información en tiempo real en todos los puntos de acceso y pago de la autopista, garantizando que los usuarios conozcan las incidencias antes de acceder a la vía.
 
La acción busca garantizar el principio de reciprocidad contractual, evitando que los usuarios leoneses y asturianos paguen el precio completo por un servicio deficiente y sin la debida información.













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