El futuro de la remolacha aun es una incógnita

Azucarera

Azucarera no cede a las exigencias de las organizaciones firmantes del Acuerdo Marco Interprofesional del Sector Remolachero-Azucarero (AMI) y será la Cámara de Comercio e Industria de Madrid la que resuelva el conflicto sobre el precio que la industria pagará por la remolacha de la campaña 2019/2020, según manifestó ayer el secretario general de Ugal-UPA, Matías Llorente. 

Azucarera Iberia, S.L. anunció a principios de diciembre una nueva fórmula de pago a los productores de remolacha que supone la instauración de un precio base de 26 euros por tonelada al que se le suma un complemento en función de la cotización del azúcar en el mercado internacional, pese a estar vigente aún el AMI —de hecho, se trata de la última campaña de su aplicación—, que establece un precio base y una serie de complementos en función de los rendimientos y la sostenibilidad del cultivo, entre otros. Para las organizaciones agrarias, la nueva fórmula supone una bajada en el precio de 6,50 euros y, con la respuesta de ayer, buscarán un laudo arbitral que resuelva el conflicto.

Llorente explicó que el laudo arbitral de la Cámara de Madrid —el proceso está ligado al lugar de la firma del AMI— se solicitará finalmente el 31 de mayo, "una vez que conozcamos la remolacha que se siembre en la zona norte, así como el futuro de las fábricas azucareras, que estará determinado por las siembras". Los firmantes del AMI estiman en unos 10.000 euros el coste del arbitraje, cantidad que dependerá "de la superficie de siembra y tardará en resolverse unos cuatro meses. Sólo nos compensaría solicitarlo ahora si se fuera a resolver en un mes", explicó Llorente, lo que podría afectar positivamente a las siembras si el laudo es favorable a los intereses de los cultivadores. Con el margen de tiempo que se maneja "es absurdo pagar por las 27.000 hectáreas que tenemos este año en la zona norte".

El secretario general de Ugal-UPA indicó que Azucarera "tampoco se muestra quiere hablar ahora del próximo AMI, porque, al final, todo lo supedita a la superficie que se siembre este año, al igual que el futuro de las fábricas". Así, hasta que no se dispongan de los datos de contratación no se abrirá negociación alguna.

A la espera de la consejería

En cualquier caso, "será clave para las siembras la resolución de la consejera de Agricultura sobre el cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR). Los que aún tienen pendientes dos años de siembra están pendientes de si se exonera de la obligación de sembrar para adoptar una decisión", señaló el líder sindical

Por otra parte, Llorente apuntó que el cultivo compartido "deja como beneficio al agricultor la ayuda asociada, porque los agricultores que optan por esta fórmula no se han acogido al PDR", por lo que sus ganancias se limitan a 525 euros por hectárea, cantidad a la que tienen que restar "el agua".

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