130 familias de La Bañeza y Astorga siguen esperando las ayudas para sus VPO

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Un total de 133 familias con bajos ingresos de Astorga y La Bañeza viven el día a día pendientes de recibir unas ayudas que deberían llegar de parte de la Junta de Castilla y León, después de casi siete años, para poder hacer frente al pago de las viviendas de protección oficial (VPO) que adquirieron en 2012. 

En concreto, se trata de siete promociones de viviendas de protección pública ubicadas en las dos ciudades leonesas (90 domicilios en Astorga y 43 en La Bañeza), que fueron adquiridas por las cooperativas ‘Luz del Sur’ y ‘Campos Glaucos’. Ambas sociedades cooperativas se hicieron con éstas cuando ya habían sido calificadas como viviendas en arrendamiento a 25 años y, para el pago de las cuales, los propietarios contaban con unas subvenciones del Ministerio de Fomento que por el momento no han recibido.

No obstante, desde el propio ministerio informaron a ambas cooperativas a través de una carta firmada por el subdirector general de Política y Ayudas y Viviendas, Anselmo Menéndez Menéndez, con fecha del 25 de julio de 2014, que esas ayudas, de un montante de unos dos millones de euros, ya habían sido transferidas a la Junta de Castilla y León para la Línea de Promoción de Viviendas Protegidas para Alquiler dentro del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. "Por tanto, este Centro Gestor considera que la Comunidad Autónoma podía haber tramitado el abono de las subvenciones pendientes de pago con cargo a dichos fondos", concluían desde el Ministerio de Fomento en la carta.

Por eso, tanto ‘Luz del Sur’ y ‘Campos Glaucos’, que representan a todas esas 133 familias afectadas, señalan directamente a la Consejería de Fomento de la Administración Autonómica que es la que en teoría recibió esos fondos desde el Ministerio para las subvenciones.

La única contestación que han recibido desde la Junta en todo este tiempo es que no les han pagado por falta de disponibilidad presupuestaria, a pesar de que el actual consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se comprometiera al comienzo de esta legislatura a través de los medios de comunicación a pagar la deuda adquirida con los propietarios antes de que finalizara la misma.

Sin embargo, posteriormente, Suárez-Quiñones en otras declaraciones aseguró que la Junta no tenía intención de pagarla, aunque reconoció "un derecho moral de los afectados". Un efecto de impago por parte de la Administración Autonómica que ha generado una gran preocupación social entre los propietarios, puesto que corren el riesgo de ser desahuciados por la entidad financiera que les concedió el préstamo al contar con la garantía de que recibirían esas subvenciones para hacer frente el pago de sus viviendas.

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